Introducción
Con el objetivo de fortalecer la oferta turística de la provincia, el Ente Tucumán Turismo lleva adelante acciones articuladas con la Secretaría de Derechos Humanos a fin de diseñar un circuito histórico que fomente la identificación y visitación de sitios y espacios donde se cometieron o planificaron crímenes de lesa humanidad, tanto durante el Operativo Independencia y la última dictadura cívico-militar (1975-1983) como en otros momentos de nuestra historia.
Estas acciones, que implicaron la incorporación de señalización y soporte digital para brindar información de relevancia, forman parte de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia que simbolizan el compromiso del Estado democrático para dar a conocer y condenar los crímenes de lesa humanidad, impulsar el juzgamiento de los responsables y reconocer a las víctimas, los sobrevivientes y sus familiares.
En estas intervenciones del espacio público confluyen el acompañamiento y la reparación a las víctimas de la represión ilegal y el impulso a la participación de la comunidad en la construcción de la memoria, a fin de que tales hechos lesivos no vuelvan a ocurrir.
Jefatura de Policía
El Departamento de Policía de Tucumán concentró su actividad represiva en la llamada “lucha contra la subversión” en dos estructuras orgánicas superpuestas: el Departamento de Inteligencia (D2) y el Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC) dependientes de la Jefatura de Policía. Estas estructuras cumplieron con su rol en el esquema represivo a través de la utilización de dos Centros Clandestinos de Detención asociados: la propia Jefatura de Policía y la Brigada de Investigaciones.
El CCD Jefatura se ubicaba en el edificio central de la Policía, entre las calles Santa Fe y Junín y las avenidas Salta y Sarmiento, en pleno centro de San Miguel de Tucumán. La Brigada, en tanto, estaba situada en la intersección de avenida Sarmiento y Muñecas. Estos dos sitios comenzaron a funcionar a principios de 1975 hasta fines de 1979.
El CCD Jefatura se dividía en dos áreas principales: la de los interrogatorios y la de los calabozos y entre ambas había una zona de estacionamiento al aire libre. El área de interrogatorios consistía en un salón donde estaban los detenidos que luego serían interrogados o que podían ser liberados. Este salón se comunicaba con tres oficinas, dos utilizadas como salas de tortura y otra que correspondía al despacho del Jefe. Había un cuarto espacio que funcionaba como depósito de armas y municiones y otro donde se realizaban las tareas administrativas. Allí se llevaban las carpetas y biblioratos, se seleccionaba la información, se llevaba información sobre los operativos y los papeles que documentaban las tareas de la comunidad de inteligencia, etcétera.
El área de los calabozos se dividía en dos sectores. El primero consistía en una sala grande con dos subdivisiones y un baño. En él se alojaban detenidos que tenían un tratamiento especial, cada uno con cama y colchón. El segundo correspondía a los calabozos con 15 celdas individuales y una colectiva. En las individuales se alojaban mujeres y en la colectiva varones y mujeres.
Ambas estructuras dependían de la línea de mando de la policía tucumana, pero a partir de enero de 1975 fueron intervenidas por autoridades militares. Por un lado, por la intervención de la Jefatura de Policía desde 1974; y por otro lado, por la creación del cargo de “Supervisor Militar del D2” que controlaba y coordinaba los esfuerzos policiales en materia de inteligencia “antisubversiva”. El control de las FFAA dejó, sin embargo, una buena cuota de autonomía para el desarrollo de sus operaciones, lo que produjo disputas de poder entre la estructura policial y la militar.
El SIC/D2 contaba con 60 oficiales, suboficiales y agentes policiales encargados de las tareas de inteligencia y represión clandestina. Este investigaba e individualizaba personas y establecía los “blancos” que debían detenerse. Los miembros del SIC eran quienes conducían los operativos de secuestro mediante grupos de tareas, en muchas ocasiones con apoyo de infantería del ejército que, de manera paradójica, efectuaba tareas de seguridad. Estos grupos tenían a su cargo los interrogatorios a los detenidos y la realización de nuevos secuestros producto de la extracción de información.
Los integrantes del SIC/D2 se dividían en tres grupos: (a) el de “guardia” encargado del control y la custodia de quienes permanecían cautivos en este CCD; (b) los miembros de “la patota” u “operativos” que realizaban los secuestros e interrogaban a los detenidos o los trasladaban; y (c) los “administrativos” quienes cumplían tareas de documentación y de servicios.
Los detenidos clandestinos eran introducidos al CCD Jefatura por un portón ubicado sobre calle Santa Fe. Todos permanecían atados y con los ojos vendados y a veces se les asignaba un número de identificación.
Todos eran conducidos a sesiones de interrogatorios bajo tortura. En un primer momento eran dejados en la zona de calabozos y luego eran trasladados por turno a la zona de interrogatorios. En algunos casos, eran obligados a permanecer de pie durante mucho tiempo, de cara a una pared, hasta que les permitían cambiar de postura o bien se desvanecían de extenuación. Las torturas físicas consistían en golpizas, picana eléctrica, golpes en ambos oídos, levantamiento de uñas y rotura de huesos de dedos. La tortura psicológica, en tanto, consistía en amenazas sobre sí mismos y sus familias, simulacros de fusilamiento o hacerles escuchar las torturas a las que eran sometidas otras personas conocidas o desconocidas.
Las condiciones de detención eran inhumanas. En general, sólo les permitían ir al baño una o dos veces al día, no podían higienizarse y eran alimentados con sobras de manera irregular. Asimismo, no tenían acceso a cuidados médicos y, en muchos casos, eran dejados a su suerte con dolencias y heridas mortales.
Además de su sección de Inteligencia, la Policía de Tucumán puso al servicio de la represión clandestina su amplia infraestructura territorial. El Departamento de Policía contaba en ese entonces con alrededor de 80 comisarías distribuidas por toda la provincia, que contribuyeron con todo su personal y su conocimiento del terreno a la realización de allanamientos y detenciones ilegales en los territorios sobre los que tenían jurisdicción.
