Con el objetivo de fortalecer la oferta turística de la provincia, el Ente Tucumán Turismo lleva adelante acciones articuladas con la Secretaría de Derechos Humanos a fin de diseñar un circuito histórico que fomente la identificación y visitación de sitios y espacios donde se cometieron o planificaron crímenes de lesa humanidad, tanto durante el Operativo Independencia y la última dictadura cívico-militar (1975-1983) como en otros momentos de nuestra historia. 

Estas acciones, que implicaron la incorporación de señalización y soporte digital para brindar información de relevancia, forman parte de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia que simbolizan el compromiso del Estado democrático para dar a conocer y condenar los crímenes de lesa humanidad, impulsar el juzgamiento de los responsables y reconocer a las víctimas, los sobrevivientes y sus familiares. 

En estas intervenciones del espacio público confluyen el acompañamiento y la reparación a las víctimas de la represión ilegal y el impulso a la participación de la comunidad en la construcción de la memoria, a fin de que tales hechos lesivos no vuelvan a ocurrir.

Jefatura de Policía

Este Centro Clandestino de Detención (CCD) funcionó en la Jefatura de Policía de Tucumán, ubicaba en el edificio central de esta fuerza, entre las calles Santa Fe y Junín y las avenidas Salta y Sarmiento, en pleno centro de San Miguel de Tucumán, a principios de 1975 hasta fines de 1979. 

El edificio se dividía en dos áreas principales: la de los interrogatorios y la de los calabozos y, entre ambas, había una zona de estacionamiento al aire libre. Este salón se comunicaba con tres oficinas, dos utilizadas como salas de tortura y otra que correspondía al despacho del comisario Roberto Heriberto Albornoz, alias “el Tuerto”. Había un cuarto espacio que funcionaba como depósito de armas y municiones y, otro donde se realizaban las tareas administrativas. 

El lugar donde alojaban a las personas secuestradas se dividía en dos sectores. El primero consistía en una sala grande con dos subdivisiones y un baño, y el segundo sector correspondía a los calabozos con 15 celdas.

Concentró su actividad represiva en dos estructuras orgánicas: el Departamento de Inteligencia (D2) que dependía del Ejército y el Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC) que dependía de la Jefatura de Policía.

El SIC/D2 contaba con oficiales, suboficiales y agentes policiales quienes conducían los operativos de secuestro mediante grupos de tareas, en muchas ocasiones con apoyo de infantería del Ejército.

Los secuestrados eran introducidos al centro clandestino por un portón ubicado sobre calle Santa Fe. Todos permanecían atados y con los ojos vendados y, en ocasiones, se les asignaba un número de identificación. También eran sometidas a sesiones de interrogatorios bajo tortura. Las condiciones de detención eran inhumanas. No tenían acceso a cuidados médicos.

Además de su sección de Inteligencia, la Policía de Tucumán puso al servicio de la represión clandestina su amplia infraestructura territorial. El Departamento de Policía contaba en ese entonces con alrededor de 80 comisarías distribuidas por toda la Provincia, que contribuyeron con todo su personal y su conocimiento del terreno a la realización de allanamientos y detenciones ilegales.

Los datos sobre el funcionamiento de Jefatura de Policía fueron obtenidos en los juicios que se desarrollaron en la provincia de Tucumán por delitos de lesa humanidad cometidos en este centro clandestino de detención. Jefatura de Policía I (2010) – Megacausa Arsenales - Jefatura II (2013) – Jefatura III (2024)

En el Juicio “Arsenales – Jefatura II”, sentencia de diciembre de 2013, por primera vez en Tucumán el Tribunal sentenció como delito autónomo a los delitos sexuales cometidos durante el terrorismo de Estado, que formaron parte del plan de ataque sistemático generalizado contra la población, constituyendo delitos de lesa humanidad.