Introducción

Con el objetivo de fortalecer la oferta turística de la provincia, el Ente Tucumán Turismo lleva adelante acciones articuladas con la Secretaría de Derechos Humanos a fin de diseñar un circuito histórico que fomente la identificación y visitación de sitios y espacios donde se cometieron o planificaron crímenes de lesa humanidad, tanto durante el Operativo Independencia y la última dictadura cívico-militar (1975-1983) como en otros momentos de nuestra historia. 

Estas acciones, que implicaron la incorporación de señalización y soporte digital para brindar información de relevancia, forman parte de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia que simbolizan el compromiso del Estado democrático para dar a conocer y condenar los crímenes de lesa humanidad, impulsar el juzgamiento de los responsables y reconocer a las víctimas, los sobrevivientes y sus familiares. 

En estas intervenciones del espacio público confluyen el acompañamiento y la reparación a las víctimas de la represión ilegal y el impulso a la participación de la comunidad en la construcción de la memoria, a fin de que tales hechos lesivos no vuelvan a ocurrir.

Arsenal “Miguel de Azcuénaga”

En el terreno perteneciente a la Compañía de Arsenales “Miguel de Azcuénaga” del Ejército Argentino, ubicado en las afueras de San Miguel de Tucumán, sobre ruta nacional Nº 9 km 1300, en Las Talitas, Departamento Tafí Viejo, funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio entre 1976 y 1978. 

El centro comenzó a funcionar como tal a mediados del año 1976. Investigaciones judiciales posteriores determinaron que el mismo dispositivo represivo montado en la Escuelita de Famaillá, fue trasladado desde el sur de la provincia hasta la capital. Primero se instaló en la Escuela de Educación Física de la UNT, donde funcionó un centro clandestino de detención durante el primer cuatrimestre de 1976 y luego se trasladó junto a sus detenidos a un lugar conocido como El Reformatorio, en el edificio de un hogar para niños huérfanos. Finalmente, a mediados de 1976, se inauguró el centro clandestino de detención Arsenales.

Este campo de concentración fue el de mayor envergadura del NOA. Gendarmería Nacional tuvo a su cargo la custodia de los detenidos, pero también participó de interrogatorios, torturas y ejecuciones. El llamado Galpón Nº 9 fue el lugar donde se alojó a las personas secuestradas.

Saliendo de San Miguel de Tucumán en dirección norte, se ingresaba aprovechando el portón principal de la Compañía de Arsenales. No se entraba dentro del recinto principal, sino que se continuaba hasta el segundo acceso, donde había instalado un puesto de guardia del personal de Gendarmería.

La construcción principal del campo tenía unos 55 metros de lado y estaba rodeada de una alambrada de púas de 2,50 metros de altura. Paralela a ésta, había instalada otra alambrada del mismo material y altura. Entre ambas había guardias con perros. En uno de los ángulos del predio había una torre de vigilancia y en cada esquina habían casas prefabricadas que eran utilizadas como salas de tortura.

Este fue el centro más importante de las afueras de San Miguel y dependía de la V Brigada de Infantería. Las guardias eran efectuadas por personal de la Gendarmería Nacional. Entre marzo y abril de 1976, fue enviado a este lugar un contingente de 40 efectivos del Escuadrón Móvil N° 1 de Campo de Mayo. Un miembro de este grupo refirió ante la CONADEP cómo era la vida -o la muerte- en este sitio, uno de cuyos responsables era el Teniente Coronel Cafarena (Legajo N° 4.636):

“Una vez vi cómo un detenido desnudo era enterrado vivo, dejándole solamente la cabeza afuera del pozo, apisonando la tierra después de mojarla para compactarla; esto duraba 48 horas. Ocasionaba calambres muy dolorosos y afecciones a la piel. En dos oportunidades presencié fusilamientos en este campo. El que efectuaba el primer disparo era el General Antonio Bussi. Después, hacía participar en el mismo a todos los oficiales de mayor jerarquía. El lugar de las ejecuciones estaba ubicado a unos 300 o 400 metros de la Compañía de Arsenales, monte adentro. Se tendía un cordón de seguridad a los 20 metros y otro a unos 100 metros del lugar. Los disparos se hacían con pistolas calibres 9 mm o 11,25 mm, siempre entre las 23 y 23.30 horas. Cada quince días se asesinaban entre 15 o 20 personas (Del testimonio de Omar Eduardo Torres - Legajo N° 6.667).

En el año 2009, a 200 metros del Galpón N° 9, se encontraron cinco fosas comunes usadas para la inhumación de los cuerpos de detenidos clandestinos. Asimismo, se hallaron proyectiles de armas de fuego y restos de ropa. Se supo que las víctimas eran asesinadas, en su mayoría, mediante disparos de armas de fuego y luego sus cadáveres se quemaban. La evidencia también arrojó que tres de las fosas habían sido removidas luego de su uso, pero aún durante la dictadura. En otra de las fosas se lograron identificar cinco hechos de quema y en la restante se encontraron restos óseos de 13 personas, de las cuales 12 fueron identificadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Tucumán fue el lugar más duramente golpeado por la planificación y sistematización del terrorismo de Estado. Su ferocidad quedó plasmada en el testimonio del Dr. Alberto Augier, secuestrado el 29 de octubre de 1976 y recluido en el Arsenal, donde permaneció durante cinco meses: 

“Hoy deduzco, por lo vivido, que esa tétrica organización funcionaba con los jefes ordenando la captura de un ciudadano, acto al que llamaban “chupar” y estaba a cargo de personal de la Policía Federal; éstos los llevaban a las cárceles clandestinas y los entregaban a la guardia interna formada por personal de Gendarmería proveniente alternativamente de Mendoza, Córdoba o Buenos Aires. Ya en cautiverio, los interrogatorios se efectuaban por oficiales de Gendarmería, Policía Federal o las Fuerzas Armadas, educados y preparados en los más sofisticados métodos de tormento…”.

En el Juicio “Arsenales – Jefatura II”, sentencia de marzo de 2014, por primera vez en Tucumán el Tribunal sentenció como delito autónomo a los delitos sexuales cometidos durante el terrorismo de Estado, que formaron parte del plan de ataque sistemático generalizado contra la población, constituyendo delitos de lesa humanidad.